Poco se ha sabido acerca de la nueva ley que se tramita en nuestro ilustre y poco democrático poder legislativo, bajo el más absoluto hermetismo de los medios de comunicación que están al alcance de las mayorías no privilegiadas, (radio y TV) los distintos conglomerados que hoy dirigen y forman parte de la plutocracia que gobiernan este país, se han puesto de acuerdo de manera unánime para criminalizar las protestas sociales y a quienes participan de ellas, como una forma de desmovilizar y amedrentar a quienes se encuentran organizados.
Desde enero del año pasado y producto de las continuas movilizaciones protagonizadas ya no solo por los estudiantes, si no por la transversalidad de actores que componemos esta trama social, y que padecemos de los agobios represivos de los pactos políticos económicos y sociales, en la página del congreso nacional se podían leer los primeros indicios de una ley que hasta el momento parece inofensiva pero que esconde mas de lo que se piensa.“Evalúan endurecer sanciones para los que reiteradamente causen destrozos y daños en manifestaciones,” “Organizadores de manifestaciones serán solidariamente responsables por daños y destrozos que se causen” [1] eran algunos de los títulos. Para julio ya se demostraba que silenciosamente el proyecto avanzaba a cámaras cerradas, “Estudian fórmula para precisar responsabilidad de los organizadores de actos en que se registren desórdenes públicos”
A primera vista y bajo lectura somera, los planteamientos que parecen honestos dentro de sus parámetros y van en resguardo del orden publico y la propiedad privada, sinónimo de todo estado democrático según los paradigmas neoliberales; se transformaran en realidad en un atentado a la democracia, que tratan de practicar las distintas organizaciones que se manifiestan en contra de los abusos. La ley consiste en palabras simples en castigar con penas de cárcel inicial para quienes causen graves alteraciones al orden público, fluctuará entre los
Según otras fuentes y recopilando la opinión de entendidos en tema legales, Hugo Gutiérrez, abogado de derechos humanos, considera que dicho proyecto legal “es un atentado abismante al derecho a reunión, el que ya está menoscabado en nuestro país por un decreto supremo dejado por Pinochet”. Se trata del Decreto Supremo 1086 que regula las reuniones públicas, promulgado en septiembre de 1983, que impide la reunión en lugares públicos sin permiso previo y el derecho a la libertad de expresión garantizados por
Esta nueva ley aun no ha sido promulgada, o al menos no se ha tenido más información de ella, como era de esperar la reacción frente a este escenario es necesaria, la idea es que esta información salga más allá de las páginas oficiales, sobre todo hoy cuando las políticas burguesas mandan que las masas se mantengan en la inercia máxima y en un rol pasivo, para no amenazar los intereses del 30% de los grandes ladrones, que concentran el 66% de las riquezas.
Solidarizando con todos los que hoy se encuentran organizados y no se dejan amedrentar nuestro más fehacientes repudio a las nuevas tácticas fascistas que nos intentan someter al conformismo y casi profético devenir de la insumisión.
Por V. E.
[1] http://www.senado.cl/cgi-bin/prontus_search.cgi Si el link no funciona en el buscador que aparece colocando “manifestaciones publicas” se encontrara la información.
[3] www.bcn.cl
[4]http://www.senado.cl/prontus_galeria_noticias/site/artic/20080122/pags/20080122101945.html
[5] Op.cit.
[6] www.elciudadano.cl
PUEDEN DESCARGAR EL TEXTO EN PDF DESDE http://www.badongo.com/file/16475972
ResponderEliminarlastima que tenga errores, en la edición...
ResponderEliminarseguro en pdf. está correcto...
Saludos y papas fritas...